María Lili Delgado, periodista y corresponsal de Univisión en Nicaragua, fue citada hoy por la fiscalía en calidad de testigo; pero fue amenazada a enfrentar cargos penales tras pedir un abogado. /Foto: Inti Ocon, Nicaragua, AFP.

La Fiscalía General de la República de Nicaragua amenazó a los periodistas citados este martes para una "entrevista" en el marco de una investigación contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, señalada por el régimen de Daniel Ortega por un supuesto caso de "lavado de dinero".


Seis periodistas fueron citados hoy por el Ministerio Público fiscal de Nicaragua para realizar una entrevista en calidad de testigos, en la causa por el presunto delito de "lavado de dinero y activos" abierta contra Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, clausurada el año pasado.

Durante el proceso, tres periodistas denunciaron que la Fiscalía los amenazó verbalmente después que exigieran la presencia de sus abogados, una garantía constitucional que ofrece el marco jurídico de Nicaragua.


María Lili Delgado, periodista y corresponsal de Univisión en Nicaragua, fue citada "urgentemente" por la fiscalía el lunes, sin ofrecer detalles. Fue hasta esta mañana que le informaron su calidad de "testigo" en contra de la Fundación Violeta Chamorro.

Sin embargo, su situación cambió cuando pidió la presencia de un abogado, relató Delgado al salir del Ministerio Público.
Les dijimos que íbamos a pasar cada uno por separado con nuestros abogados, pero una vez estando ahí se nos insistió que el abogado no podía estar porque estábamos en calidad de testigos. Si nosotros insistíamos (en que estuvieran los defensores), entonces la Fiscalía ─basándose en el marco jurídico del país─ tendría que cambiarnos la calidad de testigos a imputados". María Lili Delgado, periodista nicaragüense.

A pesar de la presión, los periodistas no cedieron. Lourdes Arróliga, periodista independiente y excomunicadora de la Fundación Chamorro, dijo que se apegaron al artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, reservándose el derecho a declarar.
Les reiteramos a cada uno de los fiscales, que en vista de que nos estaban cambiando la citatoria de testigos a imputados; nos apegamos al artículo 34 de la Constitución Política y nos reservamos el derecho a declarar, porque se nos impidió, en calidad de testigos, estar acompañados por un abogado”. Lourdes Arróliga, periodista nicaragüense.

Delgado, por su parte, aseguró haber firmado una declaración ─de la cual no obtuvo copia─, en la que dice estar dispuesta a colaborar con las autoridades "siempre y cuando esté presente en el proceso su abogado".




La citación de la fiscalía también llegó a Guillermo Medrano, excomunicador de la Fundación Violeta Chamorro; la periodista Verónica Chávez, copropietaria del medio digital 100% Noticias; a Roberto Cárcamo, de ABC stereo; y al empresario Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación, una de las más antiguas del país.

ENTÉRESE: Gobierno de Ortega vincula a la opositora Cristiana Chamorro en lavado de dinero


Cristiana Chamorro es investigada por la Fiscalía de Nicaragua en un presunto caso de lavado de dinero. /Foto: AFP.

Una escalada de censura.


Una polémica ley aprobada en febrero de este año por la Asamblea orteguista, obligó a la Fundación Violeta Barrios Chamorro a cerrar operaciones, pues exigía reportar la recepción de fondos recibidos desde el exterior y declararse como "agente extranjero", lo que la hacía sujeto de persecución política.

Desde entonces, el régimen de Ortega ha cobrado fuerza en su persecución a los medios de comunicación independientes y a sus críticos, callando a organizaciones de la sociedad civil que abogan por la separación de poderes en el país centroamericano.

La última arremetida inició el pasado viernes, luego de que el gobierno de Ortega vinculó a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro ─favorita entre los candidatos de la oposición─ con un caso de lavado de dinero, a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, y cuya actividad es la promoción de la libertad de expresión.

Ese mismo día, la policía allanó las oficinas del conglomerado de medios El Confidencial, dirigida por su hermano Carlos Fernando Chamorro. A través de este medio, la prensa crítica retrató las violentas protestas contra el gobierno de Ortega en 2018, que dejaron más de 300 muertos según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Cristiana consideró la causa en su contra como "una burda farsa" y denunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas. La aspirante presidencial tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup, y se perfila como contrincante de Ortega, en el poder desde el 2007.

Con un proceso judicial abierto, Chamorro podría quedar fuera de la contienda electoral del 7 de noviembre, según las leyes de Nicaragua.